Las grandes corporaciones lideran el uso de la IA generativa

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración Arsys y el Grupo de Investigación en Economía Política de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid, ha presentado el primer barómetro nacional sobre la inteligencia artificial generativa (IAG) en el ámbito empresarial español, que revela el creciente interés de los altos directivos en adaptarse a la IAG, así como los desafíos que enfrentan en términos de talento, privacidad y control sobre la tecnología.

El 44,1% de los directivos consideran que las empresas que no se adapten a la IAG se enfrentan a un riesgo cierto de desaparecer. No obstante, la incorporación de esta tecnología se enfrenta a obstáculos, como la percepción de pérdida de control sobre la privacidad de los datos y el manejo autónomo de la información.

Oportunidades y barreras a la IAG

Un 84,8% de los encuestados considera que la IAG ofrece grandes oportunidades para optimizar la eficiencia y personalizar servicios, lo que permitirá a las empresas posicionarse mejor en un mercado global cada vez más competitivo. Sin embargo, el informe también subraya la necesidad de superar barreras como la inversión y el talento necesarios para adoptar esta tecnología. Del mismo modo, el 42% de los directivos encuestados está convencido de que la IAG tendrá un impacto directo en su estrategia empresarial en el corto plazo.

De acuerdo con el informe, las grandes corporaciones lideran el uso de la IAG, especialmente en áreas como la atención al cliente, la personalización de productos y servicios y la optimización de procesos internos. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, muestran una menor adopción debido a la falta de madurez tecnológica y la escasez de recursos. Así, la falta de presupuesto, de talento o capacidad tecnológica, son los factores que frenan la implementación de la IAG, no siendo un factor determinante la resistencia al cambio. Esta disparidad es un reto que España deberá superar para garantizar una transición digital inclusiva en todos los sectores.

El estudio señala que los sectores agroalimentario, servicios, construcción y energía, pese a su peso en el empleo y el PIB en España se sitúan a la zaga en la adopción de la IAG. Con una contribución estimada en cerca del 84% del PIB y el empleo total en España, los sectores más rezagados representan una porción significativa del tejido productivo nacional y su adaptación a la IAG es crucial para mantener la competitividad en el mercado global.

Estos sectores enfrentan desafíos estructurales que dificultan la integración de la tecnología, tales como una menor disponibilidad de talento especializado y recursos tecnológicos. Los directivos de estos sectores consideran que, sin el apoyo de proveedores tecnológicos y alianzas estratégicas, la adopción de la IAG será difícil de implementar. Los datos del barómetro revelan que un 68,6% de las empresas encuestadas necesitará apoyo externo para desarrollar sus iniciativas en IAG, ya que carecen de los recursos tecnológicos y de talento necesarios.

Privacidad, ética y control sobre los datos

El barómetro pone de relieve que el 54% de los altos directivos teme perder el control en la toma de decisiones estratégicas de sus compañías como resultado de la automatización y autonomía de la IAG. La preocupación es especialmente aguda en grandes empresas, que se enfrentan a la gestión de grandes volúmenes de datos y a la responsabilidad de proteger la privacidad y la seguridad de la información.

Además, la inquietud por una pérdida de control va acompañada del temor a que la IAG comprometa la autonomía humana en decisiones empresariales clave, lo que subraya la necesidad de una implementación ética y controlada.

Otro aspecto relevante es la inquietud sobre la privacidad de los datos, ya que un elevado número de los directivos encuestados considera que la adopción de la IAG puede suponer riesgos significativos en este sentido. La preocupación se acentúa ante la posibilidad de que la tecnología pueda almacenar, analizar y utilizar datos de forma autónoma, lo cual ha generado un debate sobre la necesidad de regulaciones que garanticen una gestión ética y segura de la información, y la capacidad de control de esa información de las empresas.