España plantea un marco internacional permanente para reforzar la protección digital de la infancia
- Sociedad Digital
La propuesta apuesta por una cooperación multilateral en Naciones Unidas, una mayor supervisión de las plataformas tecnológicas, transparencia algorítmica y programas de alfabetización digital dirigidos a menores y familias.
La ministra de Juventud e Infancia ha presentado en Turín una propuesta para constituir un grupo de trabajo permanente y multilateral en el ámbito de las Naciones Unidas con el objetivo de abordar la regulación de los entornos digitales y reforzar la protección de los derechos de la infancia frente a los riesgos asociados a las grandes plataformas tecnológicas.
La iniciativa busca establecer un espacio estable de cooperación internacional que permita desarrollar mecanismos de supervisión, control y coordinación para garantizar una mayor protección de niños y adolescentes en el ámbito digital.
Durante su intervención, la ministra recordó que las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud e Infancia acordaron la creación de un Observatorio Iberoamericano para el Bienestar de la Infancia, centrado especialmente en la protección de los menores en los espacios digitales. En este contexto, propuso trasladar este modelo al ámbito de Naciones Unidas con el fin de ampliar su alcance y favorecer una respuesta coordinada a escala internacional.
La responsable de Juventud e Infancia defendió la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que permita supervisar la actividad de las grandes plataformas tecnológicas y ordenar el ecosistema digital. Según señaló, la protección de la infancia requiere normas claras, mecanismos de control efectivos y herramientas capaces de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de niños y adolescentes en internet.
Transparencia algorítmica y supervisión pública
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la transparencia algorítmica. La ministra subrayó que los algoritmos influyen de manera directa en la experiencia digital de los menores y que su diseño responde a objetivos concretos que pueden afectar al acceso a contenidos, a la información y al ejercicio de determinados derechos.
Por ello, defendió la necesidad de que estos sistemas sean auditables, transparentes y estén sujetos a mecanismos de supervisión pública que permitan evaluar su impacto y garantizar su adecuación a los principios democráticos y a la protección de la infancia.
Educación digital para menores y familias
Junto a las medidas regulatorias, la ministra destacó la importancia de desarrollar políticas de alfabetización digital orientadas a menores, adolescentes y familias. El objetivo es dotar a la ciudadanía de conocimientos y herramientas que faciliten un uso seguro, responsable y crítico de las tecnologías digitales.
En este ámbito, hizo referencia a la Estrategia Nacional de Entornos Digitales en la que trabaja su departamento, una iniciativa que combinará acciones educativas, recursos pedagógicos y contenidos específicos destinados a fortalecer la protección de los derechos de la infancia en los espacios digitales y favorecer una relación más segura con las nuevas tecnologías.
