Los expertos insisten: la falta de regulación de blockchain es un problema

  • Actualidad

Esta vez son los abogados de la firma internacional Bird & Bird los que advierten sobre los retos de regulación en torno a blockchain, centrándose en cuestiones como la protección de datos, la propiedad intelectual y los contratos.

El informe titulado “Blockchain: riesgos, recompensas y regulación” reconoce las ventajas de la tecnología en descentralización, seguridad e inmutabilidad, pero recuerda que es necesaria una “mayor claridad regulatoria" para ayudar a las organizaciones que desarrollan proyectos con ella aunque, al mismo tiempo, “una barrera reguladora alta puede sofocar la innovación, lo que limitaría el potencial de blockchain”, sostiene Lupe Sampedro, socia del área de Protección de Datos de la firma de abogados.

Actualmente, para desarrollar cualquier proyecto basado en esta tecnología es crucial comprender la aplicación de la ley existente en el contexto de la protección de datos, los contratos y la propiedad intelectual:

- Protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) no hace referencia al blockchain, por lo que ninguna legislación de protección de datos de los países miembros aborda esta tecnología. De hecho, según el informe de Bird & Bird, blockchain entra en conflicto con algunos de los principios clave del marco legal de la protección de datos, como el derecho al olvido. "Es esencial que los reguladores europeos vigilen las tecnologías blockchain y emitan más orientación para ayudar a las organizaciones a encontrar un equilibrio entre la tecnología y el marco regulatorio", asegura la expertaro. 

Antes de implementar una red blockchain, las empresas deben llevar a cabo un análisis detallado de qué tipo de plataformas de blockchain se adecua mejor a sus necesidades, las categorías de datos que se recopilarán y compartirán en la red y cómo se procesarán. Algunos de los desafíos planteados por GDPR a las redes blockchain se pueden resolver mediante acuerdos contractuales entre las partes involucradas y las áreas de conflicto -como la imposibilidad de eliminar datos- pueden mitigarse con soluciones tecnológicas como las funciones hash criptográficas.

- Contratos. Lo primero que debe decidir una organización es qué tipo de red blockchain le conviene más, privada o pública. Dados algunos de los desafíos que suponen las cadenas de bloques públicas, las organizaciones tienden a enfocarse en redes privadas, que permiten tener más control sobre quién puede unirse a la red. En este sentido, los contratos ‘del mundo real’ se vuelven más relevantes en términos de gobernar los derechos y obligaciones de las partes interesadas (participantes, desarrolladores, mineros, etc). 

- Propiedad intelectual. Es clave comprender quién posee la propiedad intelectual en relación con el software que sustenta una red blockchain y quién puede usar, explotar y hacer cumplir tales derechos. Para las tecnologías blockchain, la propiedad intelectual principal comprende patentes, derechos de autor, información confidencial o secretos comerciales y derechos de bases de datos. Muchas jurisdicciones restringen la patentabilidad del software, los algoritmos y los métodos comerciales a los que se pueden aplicar las tecnologías blockchain. En cambio, puede ser mejor usar los derechos de autor, que se generan automáticamente y protegerán el software como secreto comercial. 

La regulación de blockchain, insiste el estudio, “provoca un intenso debate, particularmente en relación con las criptomonedas y otros ‘criptoactivos’ que no están gobernados por los marcos normativos existentes. En muchas jurisdicciones, los reguladores buscan abordar las inquietudes en este aspecto, pero no prestan la misma atención las aplicaciones comerciales generales de las tecnologías blockchain, donde la regulación específica se considera innecesaria. 

En el caso de España, como explica José Luis Lorente Howell, jefe del área de  Banca y Finanzas en la compañía, existe una regulación fragmentaria para cada sector. “No hay una regulación armonizada y los reguladores en diferentes sectores aún no están actuando. En términos de servicios financieros, existe una preocupación por parte del consumidor, el inversor y la perspectiva de las comunicaciones electrónicas, pero la CNMV aún no ha implementado la regulación", dice.

Seguridad y fiscalidad
Otro de los puntos críticos en torno al blockchain es la seguridad que en teoría brinda esta tecnología (es difícil falsificar una firma digital o reescribir el historial y permite detectar intentos de editar transacciones). Sin embargo, la robustez de la tecnología criptográfica puede dar lugar a una falsa sensación de que las redes blockchain de alguna manera pueden ser inmunes a cualquier ataque. Según el informe, no importa cuán complejos sean los algoritmos matemáticos o cuán innovador sea el software, siempre hay un elemento humano que genera riesgo: las claves privadas se pueden copiar.

Por otro lado, atendiendo a los potenciales usos del blockchain, destaca la posibilidad de su aplicación en el área de impuestos. Las ventajas para las organizaciones es que podrían ahorrar costes y ganar eficiencia, ya que los contratos inteligentes podrían automatizar el procesamiento del impuesto sobre la renta y aplicarse en impuestos sobre transacciones como el IVA. Sin embargo, existen desafíos en la migración a un sistema fiscal basado en blockchain porque, de acuerdo con este documento, requeriría un desarrollo significativo de redes y bases de datos gubernamentales, y por otro lado una reforma en las leyes fiscales. Algunos gobiernos, como Estonia, Tailandia, Singapur e India, ya han comenzado a experimentar con soluciones basadas en blockchain para la presentación de impuestos y auditorías.

Para los expertos de esta firma, al analizar el futuro de las tecnologías blockchain, los gobiernos y los reguladores deberán establecer una distinción cuidadosa entre dónde se necesita realmente una nueva regulación para minimizar el riesgo y proporcionar protección, y dónde las leyes existentes ya cumplen esas funciones. “Una nueva regulación debe tener como objetivo proporcionar confianza, estabilidad y certeza para los usuarios en todos los sectores y, por tanto, los abogados tendrán un papel clave que desempeñar en el futuro de esta tecnología”, señalan.