El sector digital rechaza la tasa Google impuesta de forma unilateral

 

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A través de un manifiesto, las cuatro asociaciones han advertido de los efectos negativos que esta medida tendrá para el conjunto de la economía española, que quedaría abocada a ser “menos productiva, menos innovadora, menos emprendedora y, en consecuencia, menos competitiva a nivel global” y que podría ralentizar la digitalización de las empresas y la competitividad española.

Para las asociaciones firmantes del acuerdo debería encontrase una solución coordinada en el marco de la OCDE. En este sentido, declaran en el documento que “los acuerdos sobre cambios en las normas fiscales internacionales y en los principios generales del derecho tributario siempre deben tener lugar a nivel global, ya que es la única manera de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional”. 

El manifiesto se centra en cuatro puntos que, a continuación reproducimos:

1. ESPAÑA NECESITA APOSTAR POR LA ECONOMÍA DIGITAL
La digitalización no sólo tiene implicaciones económicas y en el PIB, conocidas y cuantificadas, sino que está íntimamente ligada al bienestar de la ciudadanía: a la creación de empleos de calidad, a la capacidad para conciliar o teletrabajar en grandes proyectos desde zonas rurales, a las posibilidades de acceso a la sanidad o la educación, a las alternativas para vivir de una forma más sostenible en nuestras ciudades y a la simple percepción de oportunidades para innovar o experimentar.

2. SE PENALIZA A LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y A LAS STARTUPS
Las empresas españolas, incluidas pymes y startups, se verán afectadas a través de dos vías. Por un lado, aunque se supone que los umbrales del impuesto afectarían solo a las grandes multinacionales, en realidad aquellas subsidiarias que pertenecen a grupos nacionales más grandes que cumplieran los criterios fijados se verían plenamente afectadas lastrando su competitividad en un mundo tan globalizado. Por otro lado, se producirá una traslación del efecto del impuesto en la cadena de valor y la repercusión del impuesto en cascada impactará en las empresas de forma abrupta en un país en el que el 99,5% de las empresas son pequeñas y medianas, que en su conjunto representan 2/3 del PIB español y el 78% de los empleos. Entre estas, las empresas digitales serán las que sufran en mayor medida el incremento del coste, al carecer de alternativas a las grandes plataformas gravadas con el impuesto. Las PYMES españolas partirán en desventaja respecto, por ejemplo, a otros Estados miembros de la UE lo que dificultará el progreso del sector digital nacional.

3. UNA MEDIDA QUE LOS ESPAÑOLES PAGARÁN, UNILATERALMENTE
La creación de este impuesto creará barreras de entrada al mercado a pequeñas empresas y startups, al resultarles más caro acceder a los servicios de las plataformas digitales y, por extensión, podría repercutir negativamente, dado el incremento del coste de los productos derivado del impuesto, en los consumidores españoles. En este sentido, y recordando que las operaciones que grava el proyecto de ley ya se encuentran sujetas al Impuesto sobre sociedades,   se podrían llegar a reducir las opciones en los canales digitales, lo que supondrá una ralentización del proceso de digitalización de la economía española que pagaremos los españoles, de forma unilateral, en contraste con algunos socios europeos que esperan a una respuesta coordinada (el ejemplo de Francia, que ha suspendido la aplicación del impuesto es notable).

4. LA FISCALIDAD DIGITAL DEBE SER ABORDADA A NIVEL SUPRANACIONAL
Medidas como la que pretende llevar a cabo el Gobierno dañan la economía de las pequeñas y medianas empresas y la reputación de España, como aspirante a ser un país líder y pionero en la economía digital. Los acuerdos sobre cambios en las normas fiscales internacionales y en los principios generales del derecho tributario siempre deben tener lugar a nivel global, ya que es la única manera de garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional. Con este fin, la solución coordinada en el marco de la OCDE es apoyada por todas las asociaciones firmantes que, al mismo tiempo, urgen a la OCDE a alcanzar ese acuerdo, como muy tarde, a principios del año 2021, pues lleva más de 6 años en negociación. Además, la Comisión Europea ha anunciado recientemente que baraja introducir un impuesto digital para financiar la recuperación económica de la Unión Europea, lo que incide en la necesidad de que las normas tributarias sean objeto de un acuerdo multilateral. Por ello, la unilateralidad implica un riesgo muy alto de pérdida significativa de competitividad (unilateral, también) en nuestro país. En este mismo sentido, este tipo de medidas unilaterales y proteccionistas contribuyen a la divergencia en la tributación de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, pudiendo afectar a empresas originarias de los mismos, algo que podría no solo afectar a la solidaridad entre sus respectivos miembros si no que podría perjudicar los avances conseguidos en materia de ayudas estatales de carácter fiscal de la Unión Europea.