Las administraciones públicas, incapaces de seguir el ritmo de las empresas y ciudadanos en digitalización
- Estrategias digitales
Ésta es una de las conclusiones de un exhaustivo informe de EY sobre el desarrollo digital de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Para los autores, deben abordar ya un plan estratégico integral de transformación digital que les permita adaptarse a la nueva realidad que necesitan ciudadanos y empresas.
Este informe, titulado “La Administración Digital en España”, es el primero que analiza el grado de madurez digital de las administraciones públicas desde la perspectiva del usuario, y analiza el estado de 17 comunidades autónomas, 52 diputaciones y 21 ayuntamientos, centrándose en el grado de cumplimiento de 132 requisitos básicos que les impone la normativa en este ámbito, concretamente las leyes 39 y 41 de 2015, sobre Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente. Según EY, “estas normas suponen un cambio de paradigma en la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las administraciones públicas españolas y sientan las bases para su funcionamiento digital. La implantación de ambas normas es progresiva, teniendo que estar en vigor en su totalidad en octubre de 2020, tras la moratoria aprobada a finales de 2018”.
Del análisis que han realizado sus expertos, mediante el uso de analytics, se desprende que las comunidades autónomas cumplen de media el 77% de los requerimientos básicos contenidos en dichas leyes. El País Vasco es la comunidad autónoma más avanzada en funcionamiento digital, al cumplir el 94,7% de estas exigencias, seguido de Galicia (con un cumplimiento del 94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%).[1]
Por el contrario, Extremadura es la región con peor desempeño al cumplir menos de la mitad de los requerimientos básicos (concretamente, el 47,9%). A ésta le siguen Aragón (cumple el 51,2%), Navarra (66,5%), La Rioja (67,4%) y Castilla-La Mancha (71,4%).
En lo que respecta a las diputaciones y cabildos, el análisis de EY pone de manifiesto que cumplen de media el 64% de los requerimientos básicos. Las Diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya y el Cabildo de Gran Canaria son, por este orden, las que más se acercan a la digitalización básica que exigirá la Ley en 2020 al cumplir entre el 96,5% y el 81,4% de las exigencias contenidas en estas leyes. En el lado contrario figuran el Cabildo de La Gomera y las Diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Soria con porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 0,9% y el 37,2%.
Por su parte, el análisis realizado entre los principales ayuntamientos españoles determina que la media de cumplimiento básico se sitúa en un 64,5%. El consistorio de Valencia es el que mejor adecúa sus procedimientos digitales a los requerimientos básicos que marca la normativa (cumple el 87% de ellos), seguido de los Ayuntamientos de Hospitalet (82,8%), Madrid y Málaga (ambos con un 81,4%), y Barcelona (79,1%). Por el contrario, los Ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña son los menos avanzados en funcionamiento digital, llegando a cumplir en el primer caso tan solo el 0,5% de las obligaciones básicas.
De forma resumida, éstas son las principales conclusiones:
- Ninguna administración analizada cumple al 100% los requerimientos
- Deben realizarse más esfuerzos en comunicaciones y notificaciones así como en representación y registro electrónico.
- Todas las administraciones deben definir un plan de transformación digital y, las que ya lo tienen, reforzarlo
- Cada administración debe reevaluar lo que ha implantado para definir un modelo de digital.
- Antes de 2020 deberían poner en marcha las iniciativas que eliminen el gap identificado mediante el desarrollo de nuevas normativas, modelos organizativos y sistemas tecnológicos.
- La tecnología debe considerarse como una palanca para facilitar la consecución de los objetivos.
- Las administraciones deben invertir en una atención al ciudadano omnicanal.
- Tienen que ser capaces de anticiparse a la ciudadanía y ofrecer servicios personalizados.
- El proceso de transformación debe tener como objetivo más transparencia, mejora de la atención al ciudadano y conseguir la excelencia.
- En todos los procesos de digitalización deben incorporar las tecnologías emergentes.
