SpainDC rechaza el decreto de centros de datos por el riesgo de apagones y la inseguridad jurídica

SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, rechaza el nuevo texto del Real Decreto remitido al Consejo de Estado porque, a su juicio, mantiene las principales exigencias que hicieron inviable la propuesta inicial e incorpora nuevos riesgos para la continuidad operativa, la seguridad jurídica y la inversión en infraestructuras digitales.

La Asociación considera especialmente preocupante que la nueva redacción contemple una alternativa para los centros de datos que no puedan cumplir desde el inicio el requisito de que el 80 % de su consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable producida en la misma hora. Para acogerse a una transición gradual, estos operadores deberán aceptar la posibilidad de que el operador del sistema provoque un apagón cuando lo considere necesario.

El texto no fija límites claros sobre la frecuencia o la duración de estas interrupciones ni proporciona la previsibilidad que requiere una infraestructura cuya actividad depende de la continuidad del suministro.

«Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón», señala Emilio Díaz, presidente de SpainDC. «Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión».

Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, denuncia lo que considera un trato específico e injustificado hacia el sector. «No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado», afirma.

Villacís insiste en que la transición debe ofrecer condiciones viables y proporcionadas. «La elección es entre cumplir desde el principio una obligación que consideramos inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor».

 

El requisito renovable y las condiciones para los proyectos en marcha siguen sin cambios

El nuevo texto conserva como regla general la obligación de que al menos el 80 % del consumo eléctrico de cada hora esté respaldado por generación renovable producida durante esa misma hora. Según SpainDC, este planteamiento no incorpora recomendaciones relevantes del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recogía buena parte de las objeciones del sector.

Entre los aspectos cuestionados figuran la rigidez de la correlación horaria, el riesgo de sobredimensionar la generación y el almacenamiento, y la ineficiencia de exigir nueva capacidad de producción cuando el sistema eléctrico ya dispone de excedentes renovables.

La Asociación también critica que los proyectos con permisos de acceso y conexión concedidos, pero que todavía no están conectados físicamente, dispongan de un plazo de solo seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos. El incumplimiento podría conllevar la pérdida de los permisos y de las garantías asociadas.

Emilio Díaz advierte de las consecuencias para las inversiones comprometidas: «Este no es un debate sobre inversiones hipotéticas. Hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía».

 

SpainDC cuestiona las diferencias de trato entre proyectos públicos y privados

La Asociación considera significativo que el decreto contemple un régimen específico para determinados proyectos, incluidos los vinculados a iniciativas presentadas por el Gobierno de España.

«La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar», afirma Begoña Villacís. «Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles».

SpainDC cuestiona que determinadas condiciones puedan flexibilizarse de forma exclusiva para ciertos desarrollos vinculados a propuestas públicas. A su juicio, esta diferencia plantea dudas sobre la proporcionalidad del régimen general y sobre la igualdad de trato a las inversiones privadas que compiten por desarrollar infraestructuras digitales.

 

La Asociación recurrirá a las vías regulatorias y jurídicas

SpainDC considera que la incorporación del Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), mecanismo al que el nuevo texto vincula la transición y que puede desembocar en un apagón, podría constituir una modificación sustancial respecto al proyecto sometido a audiencia pública y analizado por la CNMC.

«Si después del informe del regulador introduces una vía que puede terminar en un apagón y la conviertes en una pieza central del decreto, la CNMC debería poder pronunciarse sobre esa nueva realidad», sostiene Villacís.

Ante esta situación, la Asociación presentará observaciones y alegaciones adicionales, trasladará sus objeciones al Consejo de Estado y solicitará que la CNMC vuelva a informar sobre el texto revisado.

La organización también analizará la cobertura jurídica de las nuevas obligaciones y promoverá la revisión del cumplimiento del procedimiento europeo TRIS, establecido en la Directiva (UE) 2015/1535. Esta revisión incluye la eventual notificación a la Comisión Europea si resulta jurídicamente exigible.

Villacís considera que la propuesta mantiene requisitos que el sector juzga inviables, modifica las condiciones aplicables a proyectos en desarrollo y plantea el riesgo de apagones como alternativa al cumplimiento inmediato. «Esto no es ningún respiro», afirma.

Emilio Díaz, por su parte, defiende que SpainDC utilizará todos los mecanismos disponibles para cuestionar la regulación. El presidente concluye que la norma «es capaz de alterar inversiones comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España».