La CNMC sanciona a seis operadores del Grupo Dialoga

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La autoridad de competencia española ha sancionado a seis operadores del Grupo Dialoga por incumplir la normativa en materia de portabilidad fija. El total de las multas asciende a 717.500 euros.

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La CNMC ha multado con 717.500 euros al Grupo Dialoga por dificultar e impedir a los usuarios, en su mayoría empresas, el cambio de operador prestador de los servicios de telefonía fija.

Según explica el organismo, ha demostrado que, entre enero de 2018 y octubre de 2020, Dialoga Servicios Interactivos, S.A., Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., Operadora de Telecomunicaciones Opera, S.L., Contacta Servicios Avanzados, S.L., Incotel Servicios Avanzados, S.L. e Internet Global Business, S.L estuvieron incumpliendo la normativa reguladora de la portabilidad fija vigente denegando de forma injustificada y reiterada las solicitudes de portabilidad de 424 numeraciones fijas. De esta manera, consiguieron “retrasar o impedir que los clientes titulares de esas numeraciones cambiaran de operador”, dice la CNMC en un comunicado.

En concreto, la CNMC ha considerado que estos operadores del Grupo Dialoga cometieron de forma continuada, a excepción de Incotel Ingeniería y Consultoría, S.A., una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.12 de la Ley General de Telecomunicaciones.

La CNMC ha sancionado estas infracciones imponiendo las siguientes multas a cada una de las seis operadoras: para Dialoga Servicios Interactivos la sanción es de 445.000 euros; para Incotel Ingeniería y Consultoría, de 64.000 euros; para la Operadora de Telecomunicaciones Opera, de 168.000 euros; para Incotel Servicios Avanzados, de 9.000; para Contacta Serveis Avançats, de 2.000, y para Internet Global Services, de 29.500.

Esta resolución, que se ha aprobado con el voto particular de un miembro del Consejo de la CNMC que discrepa de la fórmula utilizada para el cálculo de la sanción, pone fin a la vía administrativa, y que contra ella los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.