La CNMC sanciona con 6,3 millones a 22 empresas de consultoría y a varios directivos

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La CNMC ha impuesto multas por 5,87 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se Deloitte, PwC o KPMG y otras grandes firmas que operan en España. La resolución considera probado que, distribuidas en dos redes de colaboración, formaron sendos cárteles que manipularon licitaciones públicas durante al menos diez años. También sanciona a varios de sus directivos.

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La resolución de la autoridad nacional de Competencia cierra el caso de las empresas de consultoría imponiendo multas a 22 de ellas por un montante de 5,87 millones de euros, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.  

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también ha sancionado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar implicados en los cárteles y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas. 

Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional). Mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados. Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas Administraciones Públicas. Es decir, según explica la CNMC en un comunicado, la forma de operar se basaba en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria.

“La manipulación de la contratación pública es una práctica colusoria especialmente dañina para la sociedad al impactar adicionalmente en los fondos públicos”, recuerda la CNMC. Su “modus operandi”

La resolución
En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos de un periodo de diez años. En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones principalmente en el País Vasco, mientras que en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, que afectaron a las convocatorias de varios carteras ministeriales, y concursos públicos de la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana, las Diputaciones de Cádiz y Sevilla, la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares. 

Las multas son de diferente cuantía. La CNMC ha sancionado a Deloitte con 3,99 millones; PwC, con 670.000 euros e Idom Consulting, con 640.000 euros. Son las tres multas más elevadas, pero también están en la lista KPMG con 50.000 euros y firmas como Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros) Red2Red Consultores (30.000 euros), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros), Red2Red Consultores (25.000 euros), Regio Plus Consulting (33.744 euros) y 97S&F (61.926 euros). Varias estaban en los dos grupos, norte y nacional.

En el caso de la empresa Indra, se ha aplicado una reducción de la multa del 10% como consecuencia de las actuaciones adoptadas en el marco de sus programas de cumplimiento normativo, mientras que en el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos, se ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia.

Por otra parte, la CNMC declara no acreditada la participación de las empresas Oesía Networks, S.L. y su matriz Heisenberg 2014, S.L. en la infracción declarada en este expediente.

Este expediente, contra el que no cabe recurso administrativo, tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos encontrados el ámbito autonómico del País Vasco. En consecuencia, en octubre de 2018, el organismo llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información. En febrero de 2019, la CNMC inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de 2019, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la manipulación y en el reparto de licitaciones públicas.