El sector del software de facturación pide una solución técnica única que cumpla con la Ley antifraude

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CONETIC, la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica, y el sector de software de facturación siguen esperando una solución técnica para cumplir con los requisitos que establece la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, aprobada en octubre de 2021. Tratan de evitar sanciones de hasta 150.000 euros.

La normativa, aprobada el pasado mes de octubre, exige un cambio en los sistemas informáticos para soportar los procesos de facturación que afecta a todo el tejido empresarial del país al obligar a dichos sistemas a garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad y trazabilidad en alteraciones de los registros, sin interpolaciones, comisiones o alteraciones de las que no quede anotación.

La responsabilidad de su cumplimiento afecta tanto a los proveedores de software como a los usuarios de dichos sistemas. Por eso, el sector lleva más de tres años abogando por el consenso de las especificaciones técnicas que deben reunir estos programas informáticos, así como otros detalles de su aplicación. “CONETIC viene trabajando desde finales de 2018 con un grupo de empresas representativas de fabricantes y distribuidores del software de facturación en el análisis del texto de la Ley desde su concepción como anteproyecto de Ley y posteriormente en el análisis y contribución al texto del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley”, explica Tomás Castro, presidente de la agrupación.

Para CONETIC, el mejor planteamiento sería solución técnica estándar que, por un lado, produzca el menor impacto a fabricantes, distribuidores y usuarios del sistema de facturación, y que, por otro, sea una solución para todo el territorio nacional, incluyendo las diputaciones forales, y que cumpla con los requisitos actuales del sistema de suministro inmediato de información (SII) y de la FacturaE.

“La realidad es que, pese a los esfuerzos, la solución técnica no está definida y, por tanto, no hay ningún sistema de facturación que pueda garantizar el cumplimiento de la Ley ni emitir certificación alguna hasta que las condiciones exigibles no queden debidamente reglamentadas. Debemos buscar una solución para cumplir lo que determina la Ley para que su aplicación tenga el menor impacto posible y, sobre todo, para que tanto las empresas usuarias como las del sector vean en esta medida una mejora competitiva para la digitalización y no tanto una obligación”, añade.

En este sentido, desde CONETIC consideran que el sistema más viable y beneficioso de factura verificable sería el sistema VERIFACTU, ya que es el único que garantiza al 100% la inalterabilidad de los registros, al mismo tiempo que impulsa la digitalización de las pymes en un área tan crítica como el de la facturación. Además, ofrece unos beneficios adicionales para Hacienda, el vendedor, el comprador y el usuario de la solución, según

La necesidad de encontrar una solución técnica unificada para todo el territorio nacional es vital para el sector del software y para sus usuarios. Si no se consiguiera, las empresas y profesionales tendrían que asumir diferentes escenarios de facturación para responder a las exigencias de Hacienda según el territorio en el que operen, lo que sería una involución para un mundo digital que se basa en la interoperabilidad de sistemas y la estandarización.

Además, CONETIC ha trasladado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, la necesidad de incorporar estos cambios de software en las ayudas del Kit Digital.

La opinión de las empresas
Con motivo de la celebración en Valladolid de la jornada informativa “Nueva Ley antifraude: ¿Cómo afecta al sistema de gestión de mi empresa?” diferentes empresas expusieron su visión sobre la afectación de la nueva normativa en el sector.

Para Fran Manzano, CEO del Grupo Igarle, “las nuevas imposiciones legales pueden suponer un cambio de paradigma hacia la sincronización de lo físico y digital en las cadenas de valor, aportando mejoras competitivas en cada uno de sus eslabones. Representará una enorme oportunidad para su transformación digital, siempre que se apliquen desde un diseño homogéneo normalizado”.

En opinión de Constantino Lázaro, director de operaciones de Proconsi, “la ley de prevención contra el fraude fiscal no sólo supondrá una mejora en la transparencia fiscal, sino que se convierte en una oportunidad para la estandarización e interoperabilidad de los productos de facturación”.

Por su parte, Ray Fernández, director de estrategia y tecnología del Grupo Igarle, señaló que “nuestra sociedad ha integrado ya, masiva y aceleradamente, la mensajería online en tiempo real. Integrará igualmente bien la aplicación de estos mismos principios a la lucha informática contra el fraude. Y más cuando esa interconexión online y en tiempo real abre la puerta a enormes mejoras de eficiencia en la relación de la empresa con su cadena de valor y las AAPP”.

Por último, para el director de Semicrol S.L., Vicente Alciturri, “el desarrollo del reglamento de la Ley antifraude no debe impactar en el funcionamiento real de las empresas en los procesos de emisión y recepción de las facturas por lo que debe buscarse la uniformidad en los formatos de la información a intercambiar y también de los sistemas de comunicación y contar con un único sistema aplicable en todas las comunidades”. E insistió en que el método de aportación de información debe ser el mismo para todo tipo y tamaño de empresa, por lo que es necesario tener una visión completa de los procesos empresariales y no solo en la fase final del tratamiento económico de facturación, cobro y pago.