Más intenso en industria, más digital y más sostenible: así tendría que ser el nuevo modelo productivo

 

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El Foro de Empresas Innovadoras (FEI) y la comunidad IND+I, que reúne que reúne a expertos en Industria e Innovación de empresas, universidades e instituciones han presentado el Manifiesto “Propuestas para la reconstrucción de una economía sostenible”, en el que definen las bases para construir un nuevo modelo productivo más próspero y sostenible para España, basado en la innovación, la ciencia y la industria.

En este documento, que pretende inspirar a gobiernos, agentes socioeconómicos y a la sociedad en general, se han tenido en cuenta cinco vectores estratégicos: la consciencia de estar en un escenario de cambio estructural de modelo productivo; la necesaria transformación industrial, con apuesta por la especialización y un modelo más resiliencia; la necesidad de reforzar e integrar las estrategias de Innovación e I+D; la responsabilidad de la inversión pública como política fiscal expansiva, que oriente la salida de la crisis hacia un nuevo modelo productivo, y la inexcusable aceleración de la integración europea como camino para conseguir un posicionamiento basado en los ODS.

En opinión de ambas entidades, España debe avanzar en su modelo productivo siguiendo una estrategia de innovación vinculada a aquellos ámbitos en los que tiene una ventaja y conocimiento acreditados, identificando los sectores tractores que pueden arrastrar más inversión, convirtiéndolo en un factor de estabilidad indispensable para poder afrontar las crisis, cada vez más recurrentes y de naturaleza diferentes.

Las políticas de innovación requieren ahora de prioridad, presupuestos estables y programas eficientes. Pero antes que nada, de una hoja de ruta establecida y aprovechan para recordar que “la intensidad tecnológica de la economía española (medida en I+D/PIB) sigue muy por debajo de la media europea. La estrategia ‘Europa 2020’ tenía como objetivo llegar al 3% de inversión en I+D en 2020 y España está todavía muy lejos de cumplir esos objetivos. El déficit tecnológico para alcanzarlo es de 21.213 millones de euros”.

Además, del presupuesto público de 6.366 millones consignado en 2019, sólo se invirtieron 2.955 (el 46,4%), “posiblemente por excesiva complejidad burocrática e ineficiencia financiera de sus instrumentos”, opinan.

A su juicio, se hace preciso revisar por tanto nuestra legislación en beneficio de los objetivos que se quieren conseguir, adaptando los programas a las estructuras de la gestión empresarial y coordinando los programas con las distintas comunidades; desplegando en definitiva una política activa de incentivación de la inversión privada en I+D+I, o ideando modelos de colaboración público-privada al estilo de la Comisión Europea y otros países de Europa.

La reactivación económica pasa también por impulsar la industria y su digitalización, que debe llegar al 20% del PIB. El presidente del FEI y director general de Secure e-Solutions de GMV, Luis Fernando Álvarez-Gascón, incidió en que “necesitamos de un mayor contenido industrial en nuestra economía, revirtiendo la dinámica reciente que la ha reducido en la última década a un 14% de nuestro PIB y en torno al 12,5% del empleo. La política industrial debe tratar de manera diferente aquellos sectores en los que nuestro país tiene ventajas competitivas, pero son poco dinámicos, y los sectores de alto dinamismo donde tal vez nuestra industria no esté aún posicionada”.

Los autores del manifiesto abogan por una industria propia combina con incentivar la implantación de grandes conglomerados industriales internacionales, así como por una habilitación digital masiva, la formación continua en el puesto de trabajo, la educación ajustada a las necesidades del tejido productivo, la formación profesional valorada, etc.

Por último, inciden en la necesidad de incrementar la cultura y la formación emprendedora en todos los niveles educativos y financiar adecuadamente el ecosistema de emprendimiento y pyme innovadora. Todo ello se completa con que el Estado debe asumir una posición de liderazgo y una reforma de la política fiscal que aporte más recursos para incentivar las mejoras en la transición ecológica, digital y justa.