La Ley de Startups supera todos los trámites parlamentarios

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El Congreso acaba de aprobar la Ley de Fomento de Empresas Emergentes, conocida como la Ley de Startups. Tras su paso por el Senado, que incluyó enmiendas, la Cámara Baja ha dado luz verde a la normativa con una amplia mayoría y un amplio consenso.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy de forma definitiva la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, que (más conocida como Ley de Startups), cerrando así el trámite parlamentario que se inició en julio de 2021. Tras el trabajo de los diferentes grupos parlamentarios y la incorporación de la mayoría de enmiendas del Senado, la norma está lista para su entrada en vigor.

Con la Ley de Startups, se pretende estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración, y fomentar la cooperación de las empresas emergentes y los emprendedores con las Universidades y centros de investigación. 

La norma define la categoría de empresa startup como aquella que no supere los 5 años de antigüedad (o 7 para sectores estratégicos); que no cotice en bolsa ni distribuya dividendos; cuya sede o domicilio social se establezca permanentemente en territorio nacional; con el 60% de la plantilla contratada en España; y que acumule un volumen de negocio máximo de 10 millones de euros.

Asimismo, debe acreditar “carácter innovador”, entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados. Para ello, se han incorporado siete líneas de criterios a valorar por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), entre los que se incluyen el “grado innovación”, “grado atractivo de mercado”, “fase de vida de la empresa”, “modelo de negocio-escalabilidad”, “competencia” o “volumen de clientes”.

La Ley tiene como objetivo esencial fomentar la agilidad administrativa, para lo que prevé una ventanilla única y telemática gestionada por ENISA para la certificación de empresas innovadoras como startups españolas; la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente tanto a ellos como a sus representantes los números de identificación fiscal (NIF); y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales. 

El texto incorpora medidas fiscales, como la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. En este capítulo destaca también la elevación del importe de la exención de tributación de las opciones sobre stock options de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra.

Además, amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores.

Para impulsar la atracción y retención y retorno del talento nacional e internacional, incluye facilidades para la obtención del visado y la residencia a trabajadores altamente cualificados de las startups, así como a trabajadores españoles no residentes durante al menos cinco años.

Además, busca mejorar el marco regulatorio a través de entornos de prueba y sandboxes. En ese sentido, se permitirá probar la innovación de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.

Mejoras incluidas durante la tramitación
Durante su tramitación, se han incorporado más de 80 enmiendas presentadas por los partidos con el objetivo de mejorar el texto inicial y fortalecer el consenso en torno al mismo. Una de las mejoras es la incorporación de más incentivos para el emprendimiento “en serie”. Los socios fundadores de startups que se embarquen en nuevos proyectos podrán beneficiarse ilimitadamente de los beneficios de la Ley. 

Además, se potencia el emprendimiento rural, poniendo en marcha proyectos piloto en entornos rurales y alineando las iniciativas previstas en la Ley con el Territorio Rural Inteligente, un proyecto que prevé la incorporación de las nuevas tecnologías en ámbitos como la agricultura, la ganadería, el urbanismo o el medioambiente de los pueblos. 

También se han flexibilizado los requisitos y se incorpora la posibilidad de retener al talento que finalice sus estudios para que busque empleo en España, y se se crea un visado especial de Nómadas Digitales para titulares que trabajen para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo en territorio nacional.