Propuesta de la CEOE para agilizar la tramitación de los fondos de recuperación de la UE
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La patronal está preocupada por el grado de preparación de España para gestionar los fondos europeos de 140.000 millones de euros que previsiblemente vendrán de la Unión Europea, y ha propuesto la aprobación de un Real Decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, y una serie de acciones que permitan eliminar posibles "cuellos de botella" operativos.
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La CEOE ha mostrado su preocupación por el reto de gestión que puede suponer la ejecución de los 140.000 millones de euros que pueden llegar a España, procedentes del Plan Europeo de Recuperación, ya que la tramitación es compleja y habría que eliminar cualquier vestigio de “cuello de botella” y para no demorar los compromisos de gasto y frustrar la recuperación.
En concreto la patronal alude a “trabas burocráticas de la legislación vigente en materia de contratos públicos y subvenciones” para lo que propone la aprobación de un Real Decreto-ley con modificaciones en preceptos específicos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, así como de otras normas complementarias.
La CEOE ha desglosado en un comunicado ocho actuaciones que considera fundamentales para agilizar la distribución de los fondos.
Por un lado, proporcionar a las unidades encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos medios adicionales para hacer frente a esta labor, no solo atajando o minimizando los “cuellos de botella” operativos, sino también generando sinergias entre dichas unidades mediante modelos de documentación administrativa extrapolables y a la preferencia otorgada a la tramitación de estos procedimientos.
Por otra, acortar los tiempos de tramitación de los expedientes y simplificar su instrucción. Por ejemplo, suspendiendo la necesidad de que sean calificados de urgentes todos los procedimientos. Así, se dispone que los que estén sujetos a este ámbito de aplicación se tramiten directamente en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes.
Además, propone la exclusión de la exigencia de garantía provisional, la generalización de las declaraciones responsables y la utilización de medios electrónicos.
La CEOE también plantea evitar que determinados trámites, como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, impidan avanzar en la tramitación de los contratos o las ayudas, con el consiguiente ahorro de tiempo.
También cree necesario hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental de determinados proyectos con la agilidad en la tramitación de los procedimientos destinados a llevarlos a cabo.
Otro de los puntos es incentivar la búsqueda en el sector privado de proyectos transformacionales y alineados con los objetivos de los fondos europeos Next Generation EU, ante los réditos asociados a ser los primeros en plantear estos proyectos al sector público. A tal fin, se habilita a los particulares para presentar propuestas de contratos que se puedan acoger a los principios del Plan Nacional, accediendo a una puntuación adicional en su oferta de licitación a fin de incentivar la presentación de propuestas por parte de los particulares.
Para la CEOE, es también imprescindible agilizar la colaboración público-privada, flexibilizando las formas de colaboración interadministrativas y de los sectores público y privado a través de consorcios con el objetivo de que dicha colaboración permita una utilización más eficiente y eficaz de los fondos europeos.
Por último, sostiene que se debe incorporar a las entidades financieras a la misión de agilización, abriendo la posibilidad de que voluntariamente se sometan al correspondiente convenio de colaboración, cuando las bases reguladoras así lo prevean, para intervenir en el procedimiento de concesión de las subvenciones, de cara a la tramitación de las solicitudes, el análisis de requisitos y la propuesta de concesión.