Ley de inteligencia artificial, de startups o la de Servicios Digitales, la intensa actividad legislativa de 2022

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2022 será recordado, además de por acontencimientos como la Guerra de Ucrania, la incertidumbre económica o la compra de Twitter, por la intensa actividad legislativa que se ha llevado a cabo tanto desde la Unión Europea como desde España, con el fin de impulsar el ecosistema digital. Repasamos algunas de las leyes más importantes que se han aprobado en los últimos doce meses.

Ley de Servicios Digitales. Aunque no empezará a aplicarse hasta mayo de 2023, el pasado mes de noviembre entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales, la cual plantea obligaciones a las empresas consideradas como 'gatekeepers' o guardianes de acceso en el entorno digital para que no desarrollen comportamientos que puedan limitar la competencia de compañías de menor tamaño. El reglamento impone que una serie de obligaciones para garantizar unos mercados digitales equitativos y abiertos, y no penalizar la innovación de empresas más pequeñas a través de prácticas desleales, como favorecer sus propios servicios o impedir que los usuarios profesionales de sus servicios lleguen a los consumidores.

Ley de Inteligencia Artificial. El pasado mes de abril, la UE propuso oficialmente la Ley de Inteligencia Artificial, en la que se describe la capacidad de supervisar, regular y prohibir los usos de la tecnología de aprendizaje automático. El objetivo, según la UE, es invertir y acelerar el uso de la IA en la Unión, impulsando la economía al tiempo que se garantiza la coherencia, se abordan los desafíos globales y se establece la confianza con los usuarios humanos.  La Ley clasifica los casos de uso de la IA en tres niveles: riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo bajo o mínimo, así como para fomentar su desarrollo y la implantación de la IA, especialmente en las PYMES y las Administraciones públicas. 

Directivas de ciberseguridad. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó, el 27 de diciembre, la nueva normativa sobre resiliencia de las entidades críticas que busca incrementar la protección de aquellas organizaciones que prestan servicios esenciales y que son consideradas cruciales para el mantenimiento de funciones sociales vitales, las actividades económicas, la salud y la seguridad públicas y el medio ambiente. Esta directiva forma parte de un paquete legislativo, junto con otras dos normas que también se publicaron a la par: la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2), que sienta las bases para las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad (los países de la UE tendrán que adoptar estrategias nacionales designar a autoridades competentes de gestión de crisis) y la obligación de notificación en los sectores que cubre (energía, transporte, sanidad e infraestructura digital); y el Reglamento (UE) 2022/2554 (DORA), que establece requisitos uniformes para la seguridad de las redes y sistemas de información de las empresas y organizaciones que operan en el sector financiero, así como de terceros esenciales que les presten servicios relacionados con las TIC, como plataformas en la nube o servicios de análisis de datos.

Ley de chips. La Ley Europa de chips ve la luz con el objetivo de reforzar la competitividad y la resiliencia de Europa y ayudará a lograr la transición digital y ecológica y, según anunció la Comisión Europea, “traerá un sector de semiconductores próspero desde la investigación hasta la producción y una cadena de suministro resistente. Movilizará más de 43 000 millones de euros de inversiones públicas y privadas y establecerá medidas para prevenir, preparar, anticipar y responder rápidamente a cualquier interrupción futura de las cadenas de suministro, junto con los Estados miembros y nuestros socios internacionales”. Además, también garantizará que la UE disponga de las herramientas, habilidades y capacidades tecnológicas necesarias para convertirse en líder en este campo más allá de la investigación y la tecnología en el diseño, la fabricación y el empaquetado de chips avanzados, para asegurar su suministro de semiconductores y reducir sus dependencias.

Ley de Telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) fue aprobada el mes de junio en el Congreso de los Diputados. Con ella queda transpuesto al ordenamiento jurídico español el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, de diciembre de 2018. La normativa tiene como objetivo regular las telecomunicaciones, y comprende "la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación".

Ley de startups. El Congreso de los Diputados aprobó, a principios de diciembre y de forma definitiva, la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, que (más conocida como Ley de Startups), cerrando así el trámite parlamentario que se inició en julio de 2021. Con la Ley de Startups, se pretende estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración, y fomentar la cooperación de las empresas emergentes y los emprendedores con las Universidades y centros de investigación. 

Programa RETECH. Según aseguró en julio, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el Gobierno va a destinar 530 millones de euros al programa RETECH entre 2022-2023 para poner en marcha "una red de proyectos estratégicos emblemáticos transformadores en el área digital propuestos por las Comunidades Autónomas". Con esta inversión se impulsarán, según el Ministerio, proyectos con un alto impacto territorial y económico en ámbitos como el de inteligencia artificial, los gemelos digitales como las soluciones tecnológicas de simulación virtual de objetos y sistemas; tecnologías “verdes por diseño” (GreenTech), ciberseguridad, redes de emprendimiento digital, e iniciativas de digitalización en entornos rurales y despoblados (RuralTech), de la industria de la moda y el textil (FashionTech) y de la Salud Digital.

PERTES.  Aunque no son leyes, los PERTES han sido otra de las inciativas gubernamentales de este 2022. El Gobierno de España aprobó en mayo el PERTE de microelectrónica y semiconductores, con el que movilizará una inversión pública de 12.250 millones de euros hasta 2027. El proyecto tiene como objetivo desarrollar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips de la Comisión Europea. Además de este PERTE, el Ejecutivo español también aprobó el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, que movilizará una inversión de 11.855 millones de euros a través de 487 proyectos en los que participarán 327 empresas; o el de las industrias agroalimentaria y naval, que está dotado en conjunto con más de 700 millones de euros