Complejidad jurídica, freno a la digitalización de la pyme, según CEPYME
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La digitalización de la pyme española y la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en su producción han estado presentes en el 40º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC. Las sesiones celebradas en Santander revelan que mientras la tecnología avanza de forma vertiginosa, las microempresas afrontan una asfixia regulatoria y una brecha de adopción que compromete seriamente su viabilidad y competitividad.
La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha recordado que España ha perdido 25.000 microempresas desde la pandemia. A su juicio, el principal freno para la digitalización y el crecimiento no es la falta de voluntad, sino la inasumible complejidad jurídica que atenaza a las pymes. “A un pequeño comercio en España le afectan 3.000 normas, y no tiene capacidad de gestionarlas porque no tiene departamentos jurídicos ni fiscales, igual que no tiene departamento de TI”, ha señalado.
Frente a esta coyuntura, Ángela de Miguel ha reclamado un enfoque legislativo “think small first” (pensar primero en pequeño). Su propuesta aboga por una legislación realista y adaptada, “si una empresa de dos o tres trabajadores tiene capacidad para cumplir una norma, la va a cumplir también una gran multinacional; pero regular pensando en la multinacional y luego intentar adaptarlo a la pyme no funciona, porque son realidades absolutamente diferentes”. Asimismo, al ser preguntada por la medida más urgente para acelerar la transformación digital del sector, ha apuntado hacia el “acompañamiento”. Según la portavoz, dotar de herramientas a las pymes no basta si no se les guía, porque “muchas veces esas herramientas no les han servido para hacer una transformación definitiva, la que realmente permite ganar competitividad, tamaño y productividad”.
En lo que respecta a la Inteligencia Artificial, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha reconocido que la industria española camina con cierto retraso. “La empresa industrial está en el 17% de uso de la IA, cuando en general es un 21%”, ha detallado. Además, explica que “cada empresa, cada fábrica es un mundo, no se puede escalar de forma sencilla; hay una barrera de entrada, pero cuando entras, se ve el resultado”.
El secretario de Estado ha abogado por mantener la dirección y evitar dispersiones geopolíticas. “No podemos controlar el ruido que va a haber a nivel mundial y europeo este año, pero sí podemos decidir entre todos dónde ponemos el foco. Ahí está la diferencia: en seguir industrializando, en trabajar juntos en qué inversiones aceptamos y en qué condiciones".
Por su parte, Aleida Alcaide, directora general de Inteligencia Artificial, ha defendido firmemente la urgencia de construir infraestructuras de IA soberanas. “La IA va a ser el sistema nervioso del futuro, de todos los sistemas con los que trabajamos, y tenemos que buscar una mayor centralización y un mayor control de lo que hacemos. Sin aislamiento, siempre con colaboración, pero necesitamos fortalecer esa gran palabra que es la soberanía”, ha expuesto.
Asimismo ha detallado que estas plataformas “fomentan la competitividad de nuestro país y de todo el continente, incentivan la innovación y permiten generar un ecosistema alrededor”.
Para sustentar esta soberanía tecnológica, España contribuirá con 250 millones de euros en compra de cómputo público dentro del mayor contrato digital de la UE, dotado con 12.000 millones. Esta aportación se orienta al desarrollo de “gigafactorías de IA” con el fin de “disponer de nubes de IA europeas para entrenar, adaptar y desplegar modelos avanzados con control por parte de empresas europeas sobre datos e infraestructura”, un hito complementado con los 282 millones de euros movilizados para las dos AI Factories nacionales ubicadas en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y en el CESGA.
