Las Comunidades Autónomas lideran el aumento de la inversión en seguridad del sector público

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Ciberseguridad

En una sociedad y una economía más digitalizada, el sector público no se puede quedar atrás y, además, tiene que lograr generar confianza digital entre los ciudadanos. Esto afecta a los presupuestos destinados a la ciberseguridad, a medida que aborda su transformación digital. Las Administraciones regionales son las que más aumentan sus partidas presupuestarias en este ámbito.

En un contexto como el actual de incremento de operaciones digitales que requieren de prueba de identidad a personas, objetos, organizaciones y ecosistemas externos, la gestión de la identidad es clave para poder prestar servicios al ciudadano garantizando su acceso seguro y fiable. No obstante, sólo el 16% de organizaciones públicas ha iniciado un programa de confianza digital en España, según confirma IDC Research España.

La nueva realidad de los servicios públicos pasa por ser más eficientes, de confianza, con gran capacidad de respuesta, inclusivos y convenientes. Según el informe “Retos y Prioridades del Sector Público en España ante la llegada de los Fondos Next Generation EU”, los tres principales retos a los que la administración pública se enfrenta para lograr generar confianza digital entre los ciudadanos son la existencia de ciberamenazas externas cada vez más sofisticadas (54,7%), la falta de presupuesto (21,4%) y falta de apoyo en la gestión (6,8%).

“Si bien 2021 marcó un punto de inflexión hacia una administración más digital y centrada en el ciudadano, las grandes palancas de acción este año son las plataformas e infraestructuras ágiles e inteligentes, la hiperautomatización, la experiencia completa (ciudadano y empleado), la seguridad, y por primera vez confianza y gestión de la identidad digital”, explica José Antonio Cano, director de Análisis y Consultoría de IDC Research España.

No sorprende comprobar que el sector público considere destinar entre el 25 y el 50% de su presupuesto en dotar de un mejor entorno de seguridad no sólo de sistemas sino también de datos, con el objetivo de asegurar la privacidad de los datos y generar la confianza digital que demanda el ciudadano. La mayor inversión está prevista por parte de la Administración Regional (42,4%) y Local (25%).

Actualmente, los servicios de identidad digital y firma electrónica, registro electrónico y expediente y archivo electrónico (así como atención ciudadana) son los principales servicios digitales que ofrecen las administraciones.

Resolver aspectos vinculados a la contratación y soberanía del dato son claves para una transición segura a la nube. Sin embargo, solamente un 45% del sector público en España dispone de un modelo tipo nube estando todavía en un estadio incipiente. De hecho, la inversión en la nube se sitúa en cotas de un 10% de media del presupuesto que dispone el organismo público.