Aumenta la demanda de soluciones de gestión de la identidad digital

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El gasto en software de gestión de la identidad digital en España superará los 114 millones de euros en 2025. De esta cifra, 13,3 millones corresponderán al sector público, mientras que los 100,9 restantes serán atribuibles a la empresa privada.

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El mercado del software de gestión de la identidad tanto en nuestro país como en el conjunto de Europa Occidental. La previsión es que en los próximos tres años la inversión del sector público registre una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,7% en Europa y un 7,3% en España, mientras que la inversión privada en este mercado será del 10,1% en Europa y 11,8% en España.

En términos absolutos, el mercado español en el sector público sumará los 13,3 millones de euros en esa fecha. En el sector privado, esta cifra se elevará superando los 100,9 millones en el mismo año.

Todos estos datos se incluyen en el estudio "Claves en la identificación digital en la Administración Pública", realizado por IDC España a instancias de Electronic IDentification, compañía especializada en este campo que pertenece al grupo Signicat.

Según la firma de análisis, estas cifras serán posibles debido a que distintos países están autorizando el uso de tecnologías de video en streaming para la emisión de certificados electrónicos cualificados de personas físicas, permitiendo así el “onboarding digital” de un proceso que tradicionalmente se realizaba de manera presencial en las sedes de registro. Países como Italia o Austria han sido pioneros en establecer normativa adicional al eIDAS (la regulación europea para la identificación electrónica y los servicios de confianza). Este modelo, además, está siendo seguido por otros países, lo que “supondrá un paso adelante importante en la digitalización de la Administración Pública y su relación con el ciudadano, ya que logrará que la firma electrónica tenga un mayor índice de penetración que cuando el onboarding era puramente presencial y se realizaba en las autoridades de registro de las administraciones”, ha subrayado Ignacio Cobisa Consulting Manager de IDC España.

Por otro lado, el informe pone en relieve los numerosos beneficios de instaurar procesos de verificación de identidad digital tanto para la Administración Pública como para los ciudadanos y empresas, ya que "es un mecanismo que permite evitar las incomodidades de la personación física necesaria hasta su aparición. Mejora otros sistemas como la entrevista por videoconferencia, que no es escalable ni muy usable por parte de los ciudadanos. Y todo con un nivel equivalente o superior a la identificación en presencia, la analógica", sostiene indica Iván Nabalón, fundador y CEO de Electronic IDentification. añade.

Ya están en marcha varios casos de uso en administraciones públicas apoyados en la identidad e identificación digitales, tanto a nivel europeo como global. Entre sus usos más destacados se encuentran el voto electrónico, el notario digital y los viajes transfronterizos.

El reglamento eIDAS
Según IDC, eIDAS, la regulación europea para la identificación electrónica y los servicios de confianza, representa una oportunidad única que tanto las empresas como la Administración Pública española deben aprovechar, ya que supone para España la posibilidad de conectar plenamente los servicios electrónicos y los sistemas de identificación nacionales y europeos, aumentando así la plena interoperabilidad de los ciudadanos de la UE.

Esta nueva regulación evita la presencia previa a la obtención de un certificado digital en una Entidad de Registro y se permite su realización desde un canal digital en remoto. Añade un nivel de seguridad y legalidad confirmado por un Organismo Evaluador de la Conformidad. También destaca como novedad la regularización de las soluciones biométricas, como la verificación de identidad por vídeo streaming, lo que supone un gran avance y una respuesta a la creciente demanda de adaptar la normativa a las novedades tecnológicas que empujaban en todos los sectores.

En todo caso, habrá frenos para el desarrollo del mercado, según el informe. En primer lugar, los acuerdos nacionales e internacionales pueden limitar y dirigir sustancialmente las posibilidades de la identificación digital. En segundo lugar, no toda la ciudadanía está familiarizada con los servicios digitales, especialmente personas mayores o en situaciones vulnerables, por ello, la administración pública debe enfocarse en preparar a todos los potenciales usuarios, fomentar su uso. Finalmente, la identificación digital requiere de una inversión de capital por parte de las entidades que deben disponer de sistemas tecnológicos resistentes y preparados para realizar de forma segura y sin fricciones la verificación de identidad y autenticación del usuario.