Trump no ampliará el plazo para TikTok: 'o se cerrará o se venderá'

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El próximo martes 15 de septiembre expira el plazo dado por el Gobierno de Estados Unidos a la compañía china ByteDance para que TikTok pase a manos estadounidenses. En caso de que no se haya vendido, tendrá que dejar de operar en un país en el que cuenta con más de 100 millones de usuarios.

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El Gobierno de Estados Unidos no va a ampliar el plazo para que la popular aplicación de vídeos TikTok, propiedad de ByteDance, pase a manos de una empresa estadounidense. Así lo ha asegurado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien en unas declaraciones a la prensa que recoge Reuters, ha afirmado que la app “o se cerrará o se venderá. No habrá extensión del plazo para TikTok”.

El próximo martes expira el plazo dado por Donald Trump y ByteDance tendrá que dejar de operar en Estados Unidos si el negocio no ha pasado a manos estadounidenses. Así lo estipula el decreto firmado a mediados del mes de agosto en el que el Gobierno de Estados Unidos sigue aduciendo razones de seguridad nacional para tomar la decisión. “La recopilación de datos (de TikTok) amenaza con permitir que el Partido Comunista Chino acceda a la información personal y privada de los estadounidenses, lo que potencialmente le permite a China rastrear las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, crear expedientes de información personal para chantaje y realizar espionaje corporativo”.

En la carrera por hacerse con el control de TikTok se encuentran Microsoft (a priori la mejor posicionada) y Oracle (quien cuenta con el beneplácito de Donald Trump).

Aunque ByteDance lograse alcanzar un acuerdo con alguna de estas dos compañías, éste tendría que ser aprobado por los gobiernos tanto de Estados Unidos como de China. Ante esta realidad, ByteDance ha elaborado un plan de contingencia en el que se contemplaría la posibilidad de que uno de estos dos países decidiese bloquear cualquiera de los dos acuerdos.

La batalla por TikTok también se ha trasladado a los tribunales tras la decisión adoptada por la firma de presentar una demanda contra el Gobierno de Estados Unidos al considerar que no hay ninguna prueba para que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump se lleve a cabo.