Neutralidad tecnológica en la contratación pública: límites, excepciones y la exigencia real de acreditar la equivalencia en soluciones tecnológicas.
Cuando la tecnología cambia más rápido que los contratos: claves jurídicas para que los integradores sobrevivan a la obsolescencia, la volatilidad de costes y la rigidez administrativa en la contratación pública IT
La exigencia del Plan de Igualdad en la contratación pública: análisis integral de su nacimiento, plazos de cumplimiento y consecuencias jurídicas ante la falta de inscripción, a la luz de la normativa vigente y la reciente doctrina contradictoria de los tribunales administrativos de contratación.
La STS 2399/2023 establece que la exclusión de ofertas anormalmente bajas exige una nueva valoración de las restantes conforme a todos los criterios del pliego, y clarifica la distinción entre valoración preliminar y clasificación definitiva de las proposiciones válidas.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2026 (C-210/24, AESTE) delimita el uso de mejoras salariales como criterio de adjudicación en la contratación pública. El Tribunal admite su utilización solo cuando exista una vinculación real con la calidad del servicio.
Sobre la identidad de los tres primeros dígitos del CPV como criterio supletorio para apreciar la equivalencia entre prestaciones: alcance, límites y prevalencia del análisis material en la acreditación de la solvencia técnica.
Un análisis exhaustivo y matizado de los límites normativos y doctrinales que condicionan el acceso efectivo al recurso especial en materia de contratación pública, entre la proclamada amplitud legal y la restrictiva interpretación de los tribunales administrativos.
De la prohibición general de referencias a marcas, procedencias y especificaciones restrictivas en la contratación pública y su admisión excepcional bajo estricta motivación, proporcionalidad y garantía de equivalencia conforme al artículo 126.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.
El desistimiento en la contratación pública exige causas objetivas e insubsanables, debidamente motivadas y no previstas en los pliegos. La jurisprudencia administrativa rechaza su uso cuando las modificaciones eran previsibles y estaban contempladas en la documentación contractual.
Análisis del concepto de prestación adicional frente a la mejora cualitativa, a la luz del artículo 145.7 de la Ley de Contratos del Sector Público y de la doctrina reciente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de los tribunales administrativos autonómicos.
El Tribunal Supremo corrige la doctrina restrictiva sobre la legitimación activa y refuerza los principios de igualdad, tutela judicial efectiva y aplicación real de las fórmulas de valoración en los procedimientos de contratación pública.
El alcance de la legitimación activa de las organizaciones sindicales en el recurso especial en materia de contratación pública y su interpretación restrictiva por los tribunales administrativos de contratación.
La potestad sancionadora de los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales en la interposición del recurso especial: análisis del concepto de temeridad y su diferenciación con la mala fe a la luz de la Resolución 681/2025 del TARCJA y del artículo 58.2 de la LCSP.
La importancia del artículo 44.3 LCSP y los límites reales del Recurso Especial en Materia de Contratación o cómo la LCSP permite corregir defectos en la licitación más allá del recurso especial.
La ciberseguridad no se impone: se cultiva. Reinventar la seguridad empieza por replantearnos a las personas.
El reto no es solo implantar tecnología, sino garantizar que esa tecnología esté alineada con los valores estratégicos de la Unión Europea: interoperabilidad, protección de datos, transparencia y resiliencia digital.
La transición digital ofrece a las autoridades locales una oportunidad clave, que, sin embargo, solo puede ser sostenible sobre una base de ciberseguridad sólida, integrada desde el diseño, con capacidades internas reforzadas y apoyo experto.
El pliego de cláusulas administrativas particulares es un documento de carácter jurídico que recoge las normas de tramitación del procedimiento para la adjudicación del contrato, así como las normas que aplicaran a la ejecución del mismo.
Este texto se centra en el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca del abono de intereses de demora por las obras recibidas y ocupadas por la Administración no previstas en el proyecto de obra.
Se considera fraccionamiento de contratos públicos la división en dos o más contratos de aquellas prestaciones que, según su naturaleza, podrían agruparse bajo uno único, llevando aparejada, en la mayoría de los casos, la intención de eludir la aplicación de las normas procedimentales.